Registro retributivo obligatorio: una herramienta clave para garantizar la igualdad salarial

La igualdad retributiva entre mujeres y hombres ha pasado de ser una recomendación a convertirse en una obligación legal exigible a todas las empresas, sin excepción. El registro retributivo, regulado por el Real Decreto 902/2020, constituye una pieza esencial dentro de las políticas de transparencia salarial y del principio de “a trabajo de igual valor, igual retribución”, consagrado en el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores.

Para ayudar a empresas y profesionales de recursos humanos a aplicar correctamente esta obligación, desde Adlanter han elaborado una guía práctica que recoge los principales aspectos normativos y metodológicos del registro retributivo.

Una obligación legal para todas las empresas

Se trata de una herramienta legal que documenta de manera desglosada la política salarial de la empresa, diferenciando salarios base, complementos, percepciones extrasalariales y pagos extraordinarios, siempre clasificados por sexo, categoría o puesto de trabajo. Su finalidad es detectar posibles brechas salariales de género y exigir que cualquier diferencia esté justificada objetivamente.

La obligación alcanza a todas las empresas, sin importar su tamaño. Desde grandes corporaciones hasta pymes o autónomos con un único trabajador deben contar con este registro, incluyendo a personal directivo y altos cargos. Además, en empresas de más de 50 personas trabajadoras, la normativa exige justificar de forma expresa cualquier brecha superior al 25 %.

Registro y auditoría retributiva

El registro debe elaborarse y actualizarse con carácter anual. En el caso de empresas obligadas a contar con un plan de igualdad, esta obligación se complementa con una auditoría retributiva, que implica una valoración objetiva de los puestos de trabajo y la puesta en marcha de medidas correctoras si se detectan desigualdades injustificadas. Nuestra guía práctica dedica un apartado específico a explicar los criterios para valorar trabajos de igual valor, ofreciendo un enfoque útil y aplicable en la práctica.

Consecuencias del incumplimiento

El incumplimiento de estas obligaciones puede ser sancionado con multas que van desde los 70 euros en infracciones leves hasta los 225.018 euros en los supuestos muy graves, según lo previsto en la LISOS. Más allá del impacto económico, la falta de un registro retributivo puede dañar la reputación corporativa y limitar el acceso a ayudas públicas o contratos con la Administración.

Si quieres conocer con más detalle qué información debe contener el registro, cómo gestionarlo dentro de tu organización y qué pasos seguir para realizar la auditoría retributiva, la guía práctica puede descargarse en el siguiente enlace: Guía sobre el registro retributivo obligatorio .